Por Carolina Lugardo Martínez
martes 8 de diciembre de 2020

Según lo establecido por la Ley Núm. 5 del 2 de enero de 2020, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tenía hasta el 2 de abril de 2020 para producir el reglamento que ordena la prohibición del depósito y la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico.

Las cenizas de carbón, que son una sustancia pulverulenta, contienen elementos nocivos para la salud humana, como lo son el arsénico, el cromo hexavalente y el radio. Sin embargo, la empresa AES Puerto Rico, productora de energía eléctrica, asegura que, desde sus comienzos operacionales en el 2002 en la planta ubicada en Guayama, su misión es “mejorar vidas proveyendo soluciones de energía seguras, confiables y sostenibles”.

Alberto Colón Del Valle, residente de la comunidad Miramar en Guayama, vive a pasos de la planta AES. Colón, quien pertenece a la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, mencionó que desde que se mudó a Miramar en 1999 “se ha propagado mucho el cáncer, asma, (enfermedades de la) tiroides, sinusitis y situaciones respiratorias”.

El secretario del DRNA, Rafael Machargo, aseguró que el reglamento debe estar listo antes del 31 de diciembre de este año. Sin embargo, no fue hasta el pasado 5 de noviembre, dos días después de las elecciones, que se realizaron las vistas públicas sobre el reglamento.

“De no estar listo para el 31 de diciembre de 2020, las comunidades están listas para actuar de manera que se cumpla con la ley y no escatimamos en acciones para lograr esto”, declaró Yanina Moreno Febre, portavoz de la organización comunitaria ambiental Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas. Moreno no descarta la posibilidad de unir esfuerzos con grupos a nivel internacional a través del uso de la tecnología.

Machargo sostuvo, en declaraciones a El Nuevo Día, que, luego de su llegada en marzo tras la renuncia de la exsecretaria Tania Vázquez, el proceso no había comenzado, por lo que él le exigió, a las áreas adecuadas, que produjeran el borrador para someterlo a vista pública lo antes posible y garantizó que tomó en cuenta a los grupos comunitarios que les manifestaron sus preocupaciones.

Por otra parte, Víctor Alvarado Guzmán, quien es asesor ambiental y portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, indicó que “a pesar de que el reglamento es necesario para evitar que enmiendas al reglamento federal se apliquen en Puerto Rico, la empresa AES está obligada a cumplir la Ley 5”. No obstante, Alvarado explicó que el candidato electo para la gobernación, Pedro Pierluisi, podría intentar revertir, enmendar o eliminar la Ley 5 debido a que fue cabildero de la empresa AES.

“Aún hay más de dos millones de toneladas de cenizas tóxicas enterradas en 14 municipios, encima de acuíferos, cercanas a ríos y quebradas, y expuestas a residencias. AES debe ser obligada a asumir su responsabilidad en el daño ambiental y en la salud de los residentes, especialmente los de Guayama, y el Gobierno no debe extender ni otorgar ningún contrato adicional”, agregó Alvarado Guzmán. La responsabilidad del DRNA no radica solamente en aprobar el reglamento de la Ley 5, sino que, de igual forma, debe monitorear y remediar los lugares en donde se detecte contaminación.

En el estudio de comunidad “Estudio epidemiológico en las comunidades de Puentes de Jobos y Miramar en Guayama y Santa Isidra y Rafael Bermúdez en Fajardo”, realizado en el 2016 por la Escuela Graduada de Salud Pública del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, se halló que la planta de generación eléctrica de la empresa AES genera metales pesados, como lo son mercurio, cadmio, plomo, cromo, níquel y manganeso, que han sido asociados con el desarrollo de cáncer y enfermedades crónicas.

De igual modo, se encontró que AES emitía material particulado PM 2.5 y PM 10. Entre los efectos que produce la exposición ante los contaminantes están problemas respiratorios, cardíacos, empeoramiento de síntomas de asma, defectos de nacimiento, bajo peso al nacer, crecimiento pulmonar reducido en niños, cáncer en los pulmones, muertes prematuras, irritación en los ojos e irritación de las vías respiratorias.

Asimismo, se observó que 2,561 personas adultas en la comunidad Miramar padecían enfermedades respiratorias. En menores de 18 años, se registró un total de 640. La prevalencia de hipertensión, para mayores de 45 años, apuntó a 1,005 y las cifras de asma severa sumaron a un total de 322.

“En el 2019, AES solicitó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) unas enmiendas que le permitirían mantener la montaña de cenizas en sus instalaciones y derramar sus residuos en cualquier parte de la isla. Si Puerto Rico no aprueba su reglamento, cualquier enmienda que la EPA haga nos podría aplicar”, indicó Alvarado.

Yanina Moreno, Víctor Alvarado y Alberto Colón concuerdan con que la meta final es que la empresa AES deje de operar en Puerto Rico y que cierre su planta, que limpie y que indemnice a las personas y familias que han sido afectadas.

Por Carolina Lugardo Martínez
viernes 2 de octubre de 2020

La escasez de agua en Puerto Rico representa un problema climático progresivo que, de no resolverse, podría causar planes de racionamiento prolongados y gran impacto en el ambiente y estilo de vida de lxs ciudadanxs.

Puerto Rico se ha enfrentado a las sequías desde 1923. El año con menos lluvias anuales fue 1967 con 43.2 pulgadas, mientras que el 1903 fue el de mayor lluvia con un registro de 94 pulgadas (José A. Colón Torres, 2009).

De acuerdo al texto “Climatología de Puerto Rico” del autor José A. Colón Torres, la sequía más grave ocurrió durante el periodo de tiempo transcurrido desde 1964 hasta 1967 cuando el nivel de la lluvia bajó en un 30% del promedio anual. El libro también menciona que, como consecuencia, se realizó un proceso de lluvia artificial en la cuenca de la represa Carraízo porque significaba una fuente de agua principal en la zona metropolitana. Luego, entre verano y otoño de 1968, la lluvia alcanzó su nivel normal, lo que provocó que finalizara la sequía.

El periódico Metro en su noticia “Todo sobre la sequía en Puerto Rico” notificó que para el 2019, el promedio de actividad de lluvia anual fluctuó entre las 64 y las 69 pulgadas. Asimismo, confirmó que los meses más secos fueron de diciembre a marzo.

Metro sostuvo que las zonas este – interior, centro y oeste – interior fueron las de mayor precipitación, mientras que los municipios del sur se mantuvieron recibiendo una menor cantidad de lluvia.

El pasado 25 de junio, EFEverde comunicó en la noticia “PUERTO RICO EN ESTADO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA” que 29 de los 78 municipios estaban bajo sequía moderada y unos 21 en un periodo de sequía severa. Con el propósito de definir conceptos, EFEverde detalló el significado de sequía moderada y sequía severa. La sequía moderada es cuando algunos cultivos han sido dañados y se está desarrollando la escasez de agua o esta está próxima a empezar. Por otra parte, la sequía severa se refiere a cuando la cosecha escasea, lo que lleva a que el Gobierno radique racionamientos debido a la falta de precipitación en los territorios afectados.

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, la abundancia de los cuerpos de agua superficiales se encontraba inferior a los promedios típicos. También, los acuíferos del sur reflejaron un descenso en sus niveles.

Durante la primera semana de junio, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) interrumpió el servicio de agua potable en Canóvanas, Loíza, Río Grande y San Lorenzo. De igual forma, se vieron afectados lxs residentes de San Juan, Carolina, Gurabo y Trujillo Alto por la implementación de un plan de interrupción para lxs abonadxs que se abastecen del embalse Carraízo (EFEverde, 2020).

Algunos de los elementos que contribuyen a la formación de sequías son la
contaminación, el exceso de vegetación y la acumulación de sedimentos, además de que más de la mitad del agua potable se pierde en salideros y hurto del servicio (Metro, 2019).

Jorge R. Ortiz – Zayas, director interino del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, aseguró que “las
recientes sequías y racionamientos sugieren que ya comenzamos a experimentar lo que se predecía hace unos años”. Del mismo modo, mencionó que el impacto ambiental que han dejado las sequías en Puerto Rico va más allá de lo que se documenta.

“Los que probablemente fueron más afectados fueron los ecosistemas acuáticos que dependen de que fluya agua por los ríos para que especies logren completar sus ciclos de vida; los ecosistemas terrestres también y las plantas probablemente reflejaron una caída de hojas mayor de lo usual como medida para conservar el agua”, agregó.

Ortiz indicó que la tecnología ayudaría a cubrir necesidades en caso de escasez aumentando la extracción de agua en los acuíferos, usando tecnologías de alta eficiencia eléctrica, proveyendo riego por goteo en regiones agrícolas, aprovechando los sistemas hidropónicos y dijo que el ser humano aportaría cambiando su alimentación a una más vegetariana porque esta tiene una huella hídrica menor que una dieta basada en consumir carnes.